El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente cuestiona las garantías de aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal y revela carencias las normativas de algunas comunidades autónomas.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente recomienda al Gobierno que refuerce el marco jurídico de la biomasa forestal para el aprovechamiento energético. La institución afirma que España debe garantizar que el aumento de la demanda de biomasa forestal para aprovechamiento energético que prevé el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) se realice bajo estrictos criterios de sostenibilidad, evitar deficiencias en el régimen de control de los aprovechamientos de biomasa forestal residual a nivel autonómico, y aumentar la transparencia y el acceso a la información sobre el abastecimiento sostenible de la biomasa y su uso energético en el sector eléctrico.
El informe “Biomasa forestal: Régimen jurídico de su aprovechamiento energético en España”, analiza el contexto de la biomasa en el sector energético español y el marco normativo europeo que rige su desarrollo. La descarbonización del sistema energético a través del abastecimiento sostenible de energías renovables es fundamental para alcanzar la neutralidad climática en 2050. El informe incide rotundamente en que el aprovechamiento energético de la biomasa forestal solo debe permitirse bajo estrictos criterios de gestión forestal sostenible que garanticen el correcto manejo y protección de los bosques; un ecosistema terrestre de crucial importancia en la lucha contra dos de las principales amenazas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para alcanzar este objetivo en España, IIDMA destaca el papel fundamental de las CC. AA al ser las competentes y principales responsables de regular y controlar, en montes de su territorio, los aprovechamientos forestales maderables y leñosos entre los que se incluye la biomasa forestal, debiendo asegurar su producción sostenible bien sea a través de cortas de arbolado como del aprovechamiento de biomasa residual (restos de cortas, podas, desbroces y otros trabajos silvícolas sobre terreno forestal).
Aunque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 estima que en España existen recursos disponibles suficientes según datos del anterior Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020), el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente considera que esos datos están desactualizados y el plan español no contiene información sobre el abastecimiento sostenible de la biomasa atendiendo a la oferta existente (por materia prima y origen), ni tampoco incluye una evaluación de la fuente (nacional y/o de importación) del recurso, desconociéndose la cantidad de combustible que se prevé obtener a partir de biomasa forestal residual y/o de cultivos forestales energéticos.
Regulación poco unificada
Tras identificar deficiencias y vacíos normativos a nivel autonómico, IIDMA considera necesario reconsiderar la eficacia del actual régimen administrativo de intervención y control del aprovechamiento de la biomasa forestal, sobre todo la de tipo residual, en ciertas comunidades autónomas si se quiere garantizar con éxito su producción sostenible durante los próximos diez años.
Al comparar la legislación forestal de las regiones, el informe evidencia diferencias significativas en el nivel de control administrativo de los aprovechamientos de biomasa forestal entre regiones. Según los resultados, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Navarra y el País Vasco (provincias de Álava y Gipuzkoa) cuentan con un marco normativo en materia forestal más riguroso y que ofrece mayores garantías de gestión sostenible de la biomasa, incluida la de origen residual. Por el contrario, el informe evidencia un sistema de control más deficiente, aunque en diferente medida, en las CC. AA de Asturias, Cantabria, Cataluña y País Vasco (Vizcaya), en las que solo se realiza un control de las cortas de arbolado, pero se omite el control de la biomasa residual.
Es indispensable el cumplimiento de unos criterios de sostenibilidad comunes que garanticen que el uso energético de la biomasa forestal no derive de una producción no sostenible, por lo que es de vital importancia que la Comisión Europea adopte, cuanto antes, una postura clara acerca del reforzamiento de las actuales normativas y desarrolle con urgencia orientaciones operativas que arrojen claridad sobre su implementación por parte de los Estados miembros.
